lunes, 3 de julio de 2017

ACTUALIDAD DEL DERECHO AMBIENTAL DE AGUAS EN ESTADOS UNIDOS.

En el Blog "Legal Planet. Insight and Analysis: Environmental Law and Policy", Sean Hecht ha publicado hoy  3 de Julio de 2017, un post que titular: "La EPA pone en movimiento su Plan para revocar las normas sobre aguas de los Estados Unidos".

Agrega un subtítulo bien frontal: "Esta Acción es Simplemente el Primer Paso Hacia Reducir Por Completo Protección legal de Agua para Muchas Vías Fluviales y Humedales"

Sean Hecht, es un muy distinguido comentarista y profesor de Derecho Ambiental en USA.  Es Director Ejecutivo del Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de California Los Ángeles (UCLA), donde enseña Derecho de los Recursos Públicos Naturales y Política.

De acuerdo a la información expuesta, en el post,  "la Agencia de Protección Ambiental (EPA), pone en Movimiento su Plan para revocar el nivel de protección de las aguas, según el método sugerido  por la  Corte Suprema de los Estados Unidos, de acuerdo a la Orden Presidencial de revisar las normas de protección ambiental con la finalidad de mejorar el costo estadounidense y desregular sectores para creación  de inversión y empleo.

Traducimos libremente el post para los lectores de SOSECOSFERA.

"Con mucha fanfarria, la Administración TRUMP el martes pasado anunció que se propone revocar la Regla de Agua Limpia ( Clean Water Rule[1]), también conocido como las  "the Waters of United States (WOTUS) Rules.  Esta regla está dirigida a gobernar determinaciones de las cuales los cuerpos de agua y los humedales son "aguas de los Estados Unidos", protegidos bajo la Ley de Agua Limpias (Clean Water Act).  La aplicación más obvia de la regla es definir cuándo alguien que disturba (perturba o altera) un río o el lecho de un lago o un humedal, debe obtener un permiso  del Cuerpo  de Ingenieros del Ejército antes de actuar (lo cual se debe a que la regla impone un esfuerzo unido entre la Agencia de Protección Ambiental (EPA) y el Cuerpo de  de Ingenieros del Ejército); la regla también podría tener impacto más amplio en la protección de aguas para mantenerlas limpias.

 

Esta acción se propone revocar una regla que es llave para proteger los ríos de nuestra nación, nuestros lagos, nuestras corrientes, y nuestros humedales.  Como recientemente fue reportado Coral Davenport en el Times de Nueva York, esta acción, como muchos otros, es seguramente el producto de esfuerzos implacables de la Administración para complacer a la industria, ignorando el trabajo de largo tiempo de personal de la Agencia de Protección Ambiental (EPA).  Pero, al igual que muchas iniciativas  de la Administración TRUMPO en caminadas a desbaratar protecciones ambientales, la acción aún no ha logrado la pretendida reducción de precios, a pesar de reporte ampliamente generalizado que es un golpe mortal para la protección de calidad de agua.

 

Los científicos en calidad de agua, junto con expertos en las Agencias Reguladoras Federales, por mucho tiempo, han sabido que esa calidad  y cantidad  de agua en lagos y ríos principales, está conectada inseparablemente al flujo y la calidad de agua en subafluentes que se alimentan en esos cuerpos  más grandes, incluidos arroyos intermitentes  y  pequeños cursos de agua así como los humedales cercanos.  El agua de río arriba y las fuentes adyacentes se conectan a las vías fluviales más grandes ambos en la superficie y en el subsuelo.  Así es que asegurando calidad de agua y flujo en vías fluviales principales, se regulan esas otras áreas. Grupos  de abogacía libertaria,  los autodenominados abogados o defensores de los derechos de propiedad, y algunos urbanizadores e industrias contaminantes, no obstante, por mucho tiempo han combatido el reclamo del Gobierno Federal respecto que las corrientes pequeñas o las intermitentes y los humedales están correctamente dentro de la jurisdicción reguladora de los Estados Unidos.  Hay  informe del Congressional Research Service (report from the Congressional Research Service) que es un documento de fondo excelente para los que quieren aprender más, así como en la propia página de EPA  WOTUS history page.  La Regla Limpia de Agua misma está disponible en sitio Web del archivo de la Agencia de Protección Ambiental (que contiene muchos material, pero no todo, de la Agencia de Protección Ambiental como existieran en el sitio Web de Agencia de Protección Ambiental el 19 de enero de 2017).  (Alarmante e inadecuadamente, la Agencia de Protección Ambiental parece haber purgado información en la Regla de Agua Limpia, incluyendo el texto de la regla, de su sitio Web activo.)  Y este sitio Web del Colegio de Abogados de los Estados Unidos American Bar Association website contiene enriquecedora  información acerca de la Regla, para alguien que quiere  profundizar.

 

Los Tribunales han estado angustiándose por decenios con la pregunta de los límites de qué vías fluviales protege el la Ley de Agua Limpia (Clean Water Act).  No hay cuestionamiento de que la  Clean Water Act protege  las aguas que son "navegable de hecho " así  como muchas otras vías fluviales que se alimentan en esas aguas. Pero la cuestión de cuán lejos y hasta dónde va  la cadena la protección –  hasta subafluentes pequeños, hasta las aguas que fluyen intermitentemente como es común en el Oeste Americano, o los humedales adyacentes – es calurosamente debatible.  En una compleja decisión de 2006  la U.S. Supreme Court, en el caso Rapanos V. Estados Unidos, Rapanos v. United States,el Tribunal se dividió bruscamente – sin opinión  mayoritaria – sobre los límites de la autoridad  de la Ley de Agua Limpia (Clean Water Act).  Como noté en un anterior post,  prior post , la vista de Juez ( Justice) Kennedy – respecto de que " los humedales y los subafluentes que " a solas o en combinación con tierras de situadas de modo semejante  en la región, significativamente afectan la integridad química, física y biológica de otras aguas  más fácilmente comprendidas como  navegables, ' " están comprendidos en la protección de la Ley de Agua Limpia – definió la prueba legal  porque cinco Jueces (Justices) se  pronunciaron con que hay fuero federal en esos casos.  El Juez (Justice) Scalia, que sentó la posición  escrita del otro grupo de cuatro  Jueces, opinó que una "conexión continua de la superficie" con un " relativamente permanente cuerpo de agua conectados a las aguas navegables interestatales tradicionales " son  necesarias para allí para determinar ser jurisdicción.

 

Sólo cuatro de los nueve apoyaron o endosaron  la vista limitada sobre el alcance de la Ley de Agua limpia del  Justice Scalia.   Así es que su posición no define la ley.  La mayoría de Tribunales desde entonces han interpretado las decisiones de la Corte para querer decir que cualquier cuerpo de agua o humedal que se encuentre ya sea "con el nexo significativo "de  Scalia o " la conexión continua de la superficie " de Kennedy, está dentro de jurisdicción de la Ley de Agua Limpia, desde que una mayoría de Jueces (Justices) habrían encontrado con que  la Ley de Agua Limpia  protege las aguas que se encuentran en esas situaciones o cumplen cualquiera de dichos tests (derivados de las opiniones de los Jueces Kennedy y Scalia).

 

Tanto  antes como  después de Rapanos, las Agencias han provisto guías y reglas que explican sus criterios para determinar si un cuerpo de agua  está cubierto (por la Clean Water Act).  Esos materiales reguladores no han comprometido a las agencias en reglas de decisión sumamente detalladas, sino que, al contrario, les han dejado a las Agencias una buena cantidad de discreción en sus determinaciones.  La Regla de Agua Limpia, promulgada en 2015, provee soportes de decisión más detallados, articulando principios claros basada en las opiniones Rapanos – para determinar si hay un nexo significativo entre más pequeñas y más grandes extensiones de agua.  La Regla también tiene probabilidad marginalmente expandir aplicación de la Clean Water Act comparada con las prácticas pasadas o que eran acostumbradas. De acuerdo al Congressional Research Service, " las agencias estiman que la regla nueva dará como resultado aproximadamente 3-5% más aseveraciones positivas de jurisdicción sobre aguas de Estados Unidos, comparadas con lo que prácticamente ocurre sobre el campo."  Notablemente, los Tribunales han bloqueado la implementación de la Regla mientras procesos judiciales diversos están pendientes, así la costumbre o lo que ocurre realmente  hoy es lo mismo que ha estado por años.

 

El anuncio de la Administración para revocar la Regla de Agua Limpia no es para asombrarse.  El interés de extrema derecha y de los grupos libertarios, junto con algunos urbanizadores y la industria, ha estado tratando de estrechar la aplicación de la Clean Water Act por largos años, y claramente es una prioridad para donantes Republicanos y grupos de expertos.  La Administración está  trabajando duramente para complacer a estos grupos de interés desmantelando  programas de gobierno de  protección de la salud pública y el medio ambiente.  La Agencia de Protección Ambiental y Cuerpo de Ingenieros del Ejército anunciado allá por febrero que pensaron tomar esta acción, inmediatamente después de una orden ejecutiva executive order en la cual las agencias federales fueron mandatadas por el Presidente Trump a revisar la Regla para bajar su nivel de protección.

 

Dan Farber ya ha provisto un análisis útil de las opciones y desafíos substantivos  derivadas para la Agencia de Protección Ambiental y  el Cuerpo de Ingenieros del Ejército,  de desarrollar una Regla revisada consistente con la orden ejecutiva  del Presidente Trump, tarea que en esencia será que la Agencia implemente el punto de vista sobre la  ley expresada por el Justice Scalia en el caso Rapanos.  Como Dan sugiere, bien puede ser imposible para la Agencia de Protección Ambiental  desarrollar una regla legalmente sana que logre lo que el Presidente ha ordenado, que se debe implementar el punto de  vista de la ley sostenida  por el Justice Scalia.

 

Siendo esto así,   ¿tendremos en una semana la acción lograda?  Se proponen moverse hacia adelante en dos pasos: Primero, revocar la Regla de Agua Limpia y restaurar las anteriores reglas por ahora. Y segundo (paso), involucrarse en un proceso de generación  normativa separado para desarrollar, proponer, y finalizar una Regla nueva que estaría consistente con la orden ejecutiva.

 

El paso uno, que la Agencia lanzó la semana pasada, se propone por ahora, oficialmente reemplazar la Regla de Agua Limpia con las anteriores reglas, tal cual fueron antes de que la Regla  de Agua Limpia fuera promulgada, e interpretada a través del lente de la Guía de la Agencia publicada en 2008.  Estas son las mismas reglas que se están actualmente aplicando, desde que los Tribunales han suspendido la aplicación de la Regla por los procesos de revisión judicial pendientes.  Así, si esta regla nueva es finalizada, no tendría ningún efecto práctico inmediato, aparte de traer a discusión las causas judiciales pendientes.  Además, como se dijo arriba, las Agencias estiman que la Regla nueva, si es  implementada, aumentaría el fuero federal sólo en algunos casos marginales comparados con la norma corriente.  Así es que la situación sobre el terreno, por ahora, está inalterada.

 

Después de que la Regla propuesta sea oficialmente publicada (probablemente en un plazo de una semana o dos), las Agencias emprenderán un período de comentario de 30 días sobre la Regla (propuesta).  Las agencias tendrán que considerar los comentarios antes de finalizar la Regla.  Notablemente, las Agencias específicamente les han pedido a los comentadores que limiten sus comentarios a la propuesta de revocar la Regla de Agua  Limpia y recodificar y restaurar las anteriores reglas y la Guía.  El aviso de la regla propuesta deja en claro que se la Agencia (aún) no está interesada en tomar en cuenta comentarios acerca de lo que la Regla nueva a la postre reemplazaría de la Regla (revocada).

 

Después de que la Regla de Agua Limpia se revoque oficialmente, las Agencias lanzarán separadamente otro proceso de regulación normativa, para declarar y finalizar una Regla nueva que de manera permanentemente reemplace la revocada.  Este  proceso requerirá involucrar  al público y los comentarios de los palpitantes sobre la sustancia de la Regla nueva.  Eventualmente, el proceso de regulación normativa  tiene probabilidad de implementar la sustancia de  la ansiada reducción de precios por la que brega la Adminustración.  Las observadoras esperan que el resultado final sea una limitación bien definida en la protección de la Ley de Agua Limpia para nuestras aguas.  Bajo la orden ejecutiva del Presidente Trumpo, la Regla puede tratar de implementar el punto de vista de la ley del Justice Scalia expuesta en el caso Rapanos, lo cual se rehusaría a proteger vías fluviales más pequeñas y a los humedales que les falta una " conexión continua de la superficie " con las vías fluviales más grandes aun si proteger esas vías fluviales más pequeñas y los humedales son cruciales para proteger el flujo o la calidad del agua en los más grandes…." El autor promete finalmente dar seguimiento al tema, que en SOSECOSFERA también seguiremos atentamente.

 

 

 

 

 

 

 

 



[1] La Clean Water Rule es una regulación publicada por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos ( EPA en inglés) y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EEUU, con la finalidad de clarificar el manejo de los recursos acuáticos en Estados Unidos, bajo la Clean Water Act. Por su parte, la Clean Water Act (CWA sigla Ley de Agua Limpia), norma del Congreso y de rango legal, por tanto es la primera ley federal que en 1972 reguló la contaminación del agua.

sábado, 29 de abril de 2017

EL PAIS DE MONTEVIDEO: "ONU pide ombudsmanen temas ambientales"

Con fecha 29 de Abril del corriente, el Diario El País de Montevideo, publicó la noticia de la culminación de la visita al Uruguay del Relator de Naciones Unidas, Sr. John Knox .
El copete de la noticia dice textualmente: "

En menos de una semana, el relator para las Naciones Unidas John Knox se reunió con los principales actores uruguayos encargados de fijar las políticas públicas en asuntos medioambientales."


No surge del texto transcripto ni, como se verá de inmediato, del texto en su conjunto, que dicho funcionario se haya reunido con otros sectores además de aquellos que"fijan" las políticas públicas.

Dado que en nuestro país las políticas públicas ambientales nacionales son "fijadas" por el Poder Ejecutivo, la lectura permita concluir que el Sr. Relator se reunió básicamente con el Gobierno.


Se ignora si ello es correcto o hubo reuniones con otros sectores, esto es legisladores, academia, sociedad civil, productores, Gobiernos Departamentales, etc.


De todas maneras, nos permitimos transcribir íntegramente el artículo publicado por EL PAÍS, no sin antes dejar la constancia de que desde la Legislatura pasada está en el Parlamento un Proyecto de Ley, suscripto por  que propone la creación del OMBUDSMAN AMBIENTAL, conjuntamente con un Juzgado Nacional especializado en Derecho Ambiental, del Ordenamiento Territorial y del Patrimonio  que no tuvo un avance mayor.

29 abr 2017

La apretada agenda le permitió concluir que, aun cuando Uruguay logró avances en el área, es necesario crear un Defensor del Pueblo (ombudsman) al que puedan acudir los ciudadanos para elevar sus quejas.

"El gobierno (uruguayo) debería considerar la adopción de un mecanismo nuevo y transversal, tal como la creación de la figura del ombudsman del medio ambiente, quien contaría con autoridad para recibir todos los reclamos ambientales y asegurar que cada uno sea rápidamente evacuado a través de la institución adecuada", resumió Knox en su informe preliminar presentado ayer ante los ministerios de Relaciones Exteriores y Medio Ambiente.

El relator destacó la labor que viene llevando a cabo la Institución Nacional de Derechos Humanos, como receptora de denuncias, pero advirtió que la misma "no puede sustituir a los procedimientos administrativos para evacuar reclamos" e instó al gobierno a tomar acciones en este sentido.

En su recorrida por distintas oficinas en Montevideo y una breve visita a la cuenca del Río Santa Lucía, Knox recibió inquietudes sobre "el potencial mal uso del decreto recientemente aprobado sobre la obstrucción de carreteras públicas". Contó que "en muchos países" este tipo de medidas fueron implementadas para obstaculizar las manifestaciones pacíficas de ambientalistas y advirtió que ese no puede ser un objetivo de la normativa.

La tarea que desarrolla Knox fue encomendada por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Tras la visita a un país, eleva un informe sobre el estado de situación, en su caso vinculado al medioambiente. En este caso, su postura sentó tranquilidad en las autoridades uruguayas. Distinto había sido el caso de Manfred Nowak, relator de ONU sobre las cárceles, quien en 2009 dijo: "Las condiciones de reclusión en las prisiones (uruguayas) han venido deteriorándose paulatinamente en los últimos años y el hacinamiento se ha convertido en un grave problema en la mayoría de ellas".

Knox, en cambio, destacó la legislación en temas ambientales y concluyó: "Uruguay tiene mucho por lo que enorgullecerse en temas de derechos humanos y medio ambiente, aunque aún presenta algunos desafíos".

lunes, 3 de abril de 2017

Se replantea polémica en el Derecho Ambiental en USA: FEDERALISMO O DESCENTRALIZACIÓN EN LA REGULACIÓN AMBIENTAL?

Se está planteando en  los ámbitos académicos norteamericanos un debate que no es nuevo, ni en el contexto general de las políticas públicas de ese país, ni en el especial de la regulación y administración del ambiente. Es la tensión entre la regulación federal  vs la regulación estadual o por los Estados de la Unión de las regulaciones sobre protección ambiental.

El disparador del replanteo de estas polémicas está dado por voces provenientes de la nueva Administración, y también fuera de ella, que apuntan en el sentido de dejar en manos de las administraciones estaduales las regulaciones sobre protección ambiental y, desde luego, incrementar sus cometidos de administración y gestión.

El mismo Presidente Trump ha  sido muy crítico con la Administración Obama y sus órdenes ejecutivas,  por las cuales el anterior ocupante del Salón Oval, esquivó los debates parlamentarios que lo hubieran obligado a transacciones con el Partido Republicano. En último términos esa "gambeta" o dribbling al Parlamento y al bipartidismo, generó regulaciones que – muchos sostienen críticamente- aumentaron considerablemente el poder de las Agencias Federales, en especial la EPA,  encargada en definitiva de dar contenido real a conceptos jurídicos indeterminados, muchas veces controvertidos en la academia y en la política, por supuesto incompresibles para el ciudadano común, o sea el "Soberano", y a través de sus propias interpretaciones, expandiendo la esfera de incidencia de poder regulatorio central.

En un reciente artículo posteado en el blog de la UCLA "Legal Planet"(Insight and Analysis Envrironmental Law and Policy),el Prof Dan Farber ( el autor entre otros de "Eco-pragmatism: making sensible environmental decisions in an uncertain world"), aceptando que es legítima la pregunta por el trazado de las fronteras entre los roles federales y estaduales, cree que es imposible pensar en una "abrogación al por mayor" de la autoridad de la Agencia Federal a favor de las administraciones estatales.

Luego entra a la fundamentación de su opción por el mantenimiento de un rol federal fuerte,  sobre la base de una constatación: y es la de que en el sistema actual no puede afirmarse que el Gobierno Federal tenga un control completo desde que los Estados Miembros Federados, conservan y juegan un papel muy importante en las regulaciones de protección ambiental. Ejemplifica con los regímenes normativos positivos sobre Aire Limpio y Agua Limpia. Aunque resulta innegable que la discrecionalidad de los Estados se ha ido reduciendo, sobre todo en materia de calidad del aire, no puede negarse que el  papel de los Estado Miembros es importante en el Derecho Ambiental estadounidense.

Farber dice al respecto:

"Bajo la Ley de Aire Limpio, el Gobierno Federal establece estándares nacionales de calidad del aire, pero los Estados juegan el papel principal en la traducción de esas normas en los planes de implementación. Su discreción se ha reducido con el tiempo, en particular por las enmiendas de 1990 al Estatuto, pero sigue siendo considerable. Bajo la Ley de Agua Limpia, el Gobierno Federal establece normas específicas para la industria en materia  de control de la contaminación, pero esas normas son aplicadas a las plantas individuales por los Estados. Los estudios han demostrado que la aplicación y el cumplimiento de las normas varían ampliamente entre los Estados".

Si bien el autor que comentamos tiene claro que decisiones fundamentales de política ambiental se toman a nivel federal, (y que son ellas las generadoras del Derecho Ambiental del país, agregamos) lo que supone una praxis real de supervisión  nacional , limitativa de la flexibilidad, sobre la aplicación estadual de las regulaciones generales, no se desconoce que frecuentemente innovaciones de progreso  en protección ambiental, comienzan por normas  de nivel estadual, por decisiones tomadas a nivel de parlamentos y ejecutivos estaduales.

Farber da una respuesta a  la cuestión central de la polémica bajo una perspectiva  especifica de Derecho Ambiental, luego  de repasar otras perspectivas  más orientadas en las líneas analíticas del  Derecho Administrativo y Político, lo que lo hace que su artículo luzca como valioso aporte demostrativo de las respuestas autónomas del Derecho Ambiental, de  las perspectivas analíticas y  resolutivas de la disciplina jus ambiental. O sea, un aporte de la "solucionática" jus ambiental.

En esta argumentación desde el Paradigma Ambiental, parte el Prof Farber de esta pregunta: "¿Por qué no entregar toda la regulación de protección ambiental  a los Estados miembros de la Federación Norteamericana"?

Pues bien; luego de advertir que sobre el tema del equilibrio ideal entre la regulación estadual y federal, se ha dado una intensa actividad académica y de investigación,  desarrolla su discurso de respuesta a la cuestión central antes referida, destacando dos posibilidades en tal sentido, que nos permiten distinguir: una que sería la respuesta de las disciplinas jurídicas más tradicionales, los puntos de vista politológicos más conocidos y trillados y otro, el enfoque de respuesta basado en perspectiva propiamente ambiental.

Respecto del primer tipo de argumentos dice:  "El argumento para la regulación  por los Estados Miembros o estadual,  es que ellos pueden ser más sensibles a las condiciones y preferencias locales. Los argumentos a favor de un papel federal incluyen la posibilidad de que los Gobiernos estaduales sean demasiado propensos a ser capturados por las principales industrias locales y que puedan carecer de los conocimientos técnicos necesarios para regularlos eficazmente. Un argumento subsidiario es que los Estados pueden competir por nuevas instalaciones con una carrera en la que el objetivo es tener los estándares más bajos de cualquier competidor."

Luego va al enfoque jus ambientalista expresando:

"Quiero centrarme, sin embargo, en el argumento más directo: los  efectos del fenómeno del  desbordamiento o derrame ("spillover effects). Obviamente, al no establecerse por Parte de un Estado, regulaciones estrictas,  (la contaminación transfronteriza en que se expresa el derrame o desborde), podría aumentar algún tipo de daño ambiental en otro Estado. Dado que el río Mississippi drena un tercio de la franja de la mitad del país, es fácil ver cómo esto podría suceder en términos de calidad del agua. (Y no olvidar las situaciones  del Río Colorado, del Columbia, de la Bahía de Chesapeake, de los Grandes Lagos, etc.). En términos de contaminación atmosférica, hay varios efectos clave: el cambio climático (tiene un impacto global), los químicos destructivos de la capa de ozono (también tienen impacto mundial), la lluvia ácida (produce efectos a  cientos de millas) y los precursores de ozono (también a lo largo de cientos de millas). Estos problemas están asociados con la mayoría de las principales fuentes de contaminación: automóviles, centrales eléctricas, fábricas. El control de estos efectos indirectos implica inevitablemente una gran superposición con lo que los reguladores locales podrían controlar. Ahora sabemos mucho más acerca de estos efectos indirectos que cuando las grandes leyes ambientales fueron aprobadas en los años setenta. Como pasa, por ejemplo, con los humedales que a menudo están biológicamente e hidrológicamente conectados con vías fluviales mucho más de lo que previamente entendíamos. El transporte de larga distancia tiene un impacto en  la contaminación atmosférica  mucho más importante de lo que la gente sabía en la década de 1970 - por ejemplo, California realmente recibe contaminantes de aire medibles provenientes de China. Estos efectos indirectos no demuestran que actualmente tenemos el equilibrio adecuado entre la regulación estatal y la  federal, pero hacen que sea poco plausible que los Estados realmente puedan hacerse cargo".

Incorpora luego  ingredientes de coyuntura junto a los razonamientos más generales que hasta ese punto manejó: "En teoría, los spillovers podrían ser manejados imponiendo un impuesto federal sobre las fuentes basado en el daño que hacen en estados  aguas abajo o vientos abajo. Obviamente, eso no es algo que la Administración Trump va a apoyar. En cualquier caso, la aplicación de dicho impuesto es complicada debido a la dificultad de valorar y controlar el daño, porque en al menos algunos lugares se extendería a pequeñas fuentes, como los automóviles individuales, y porque el daño causado por una fuente puede ser parte  de lo que la contaminación de otras fuentes ya hubiere generado allí."

Las dimensiones económicas y organizacionales  que conllevan los derrames  o spillovers no están ausentes de su exposición: "Además de los derrames ambientales, también hay efectos indirectos económicos. La ley federal limita la regulación estatal de los controles de contaminación en vehículos nuevos y combustibles de vehículos, con el fin de evitar cargas indebidas en el mercado nacional. Debido a preocupaciones similares, las regulaciones estaduales a menudo se enfrentan con retos legales por parte de firmas que sostienen que los Estados no han tenido en cuenta los impactos en el comercio interestadual. Pero si no podemos confiar en que los Estados tengan en cuenta los impactos en la economía nacional, no tenemos otra opción que recurrir a los reguladores federales. Hay algunos problemas prácticos adicionales. Muchos Estados Miembros  no tienen los recursos para hacerse cargo de los aspectos técnicos de la regulación. Necesitarían tiempo para acelerar (suponiendo que los Estados más pobres podrían manejarlo en absoluto). Algunos Estados tienen ingresos medios muy bajos. Otros tienen una población muy pequeña - Wyoming, por ejemplo, tiene aproximadamente la misma población que Sacramento por lo que  no es probable que el Departamento de Medio Ambiente sea mucho más grande o más experto que lo que una ciudad de mediano tamaño puede permitirse. Por último, la transición sería muy difícil. La industria ha hecho miles de millones de dólares de inversión en la dependencia del esquema regulador existente. La eliminación repentina de las regulaciones federales podría llevar al caos y podría dejar a las empresas más respetuosas de la ley en una desventaja competitiva".

 

El final  apunta al desafío implicado en un cambio político implicado en una opción por la transferencia de poderes regulatorios mayores a los Estado Miembros en desmedro de la Federación: "Dado todo esto, dar a los Estados Miembros de la Unión Americana  un mayor grado de flexibilidad merecería la pena intentarlo. Es fácil imaginar experimentos reflexivos a lo largo de estas líneas pero ello conllevaría un cuidadoso seguimiento de los resultados. ¿Alguien realmente piensa que eso es lo que Scott Pruitt y Donald Trump tienen en mente?"

 

lunes, 27 de marzo de 2017

LA SUPERVIVENCIA DE DERECHOS ANCESTRALES DE PUEBLOS ORIGINARIOS

Luego de un largo periodo  volvemos a la actividad doctrinaria e informativa de SOSECOSFERA, esperando retomar la frecuencia quincenal de artículos que sigan el pulso, tanto coyuntural como de largo aliento, en los temas del Derecho Ambiental y del Ordenamiento Territorial.

Hoy lo hacemos desde una perspectiva alejada de las peripecias vernáculas pero, desde luego, que no ajena a los uruguayos, ya que como es básico, en los temas de Derecho Ambiental,  como  sector disciplinario dentro de la "Ambientología" o Ciencias del Ambiente, todo está relacionado con todo y con el Todo. TODOS SOMOS MEDIO AMBIENTE O AMBIENTE, por lo que nada de lo ambiental nos es ajeno. Por el contrario todo lo ambiental nos es INHERENTE a todos y a cada uno de los miembros de la HUMANIDAD. Y esta inherencia existencial de lo ambiental en lo humano y de lo humano en lo ambiental, es de la más   alta relevancia, ya que es el fenómeno que  realiza la conexión o incorporación constitucionalizante de los derechos, deberes y garantías no enumerados por la Carta.

El caso es que con fecha 4 de Marzo de 2017, el New York Times publica una nota de la Agencia Associated Press, informando que  una tribu  nativa norteamericana –la Nación PAWNEE,  soberana como tal, cuyas tierras se encuentran en las regiones centrales  y norteñas del Estado de OKLAHOMA y según sus leyes ancestrales,  ha demandado ha algunas compañías petroleras como causantes de temblores de tierra y seísmos que han dañado edificios tribales cuasi centenarios.

Lo más interesante, desde las perspectivas del Derecho Ambiental, esto es, desde el COSMOS que el Derecho Ambiental en realidad es, abierto al entrecruzamiento de culturas jurídicas diversas  que coexisten (si  bilógicamente el Ecosistema Global es DIVERSO, no menos lo es culturalmente), radica en que la demanda se ha interpuesto ante el propio Sistema Judicial Tribal.

Como surge de la nota de prensa que aludimos y que hemos difundido en los TWEETS de SOSECOSFERA,  en la demanda, los representantes de la Tribu Pawnee, argumentan  que el agua contaminada inyectada en los pozos operados por los demandados han sido la causa de del sismo de 5.8 grados de magnitud ocurrido en setiembre de 2016. El petitorio pretende la condena de las empresas demandas a compensar los daños a las propiedades públicas y privadas dañadas, pérdidas de mercado  y la imposición de resarcimiento de daños punitivos.

La Sede Judicial ante la cual se ha presentado la demanda es la Corte Distrital tribal, y el caso será oído y resuelto por un  Jurado compuesto por indígenas de   ancestral Nación Pawnee.

Dice la nota que: "Somos una nación soberana y tenemos  el imperio de la ley (the rule  of law) aquí,  expresó Alexander Knife Chief, el Director Ejecutivo de la Nación Pawnee. Estamos usando nuestras propias leyes tribales, nuestro proceso tribal, para responsabilizar a estos muchachos".

Es esta la primera demanda incoada ante una Corte Tribal por temas relativos al fracking. Y si la demanda que en nombre de los 3.200 miembros de la tribu llega al estado de sentencia, la misma puede ser apelda, según las leyes tribales de procedimiento ante la  Corte Tribal Suprema, cuya sentencia hace Cosa Juzgada.

 

 

viernes, 16 de diciembre de 2016

ANALISIS JURIDICO DE LA NORMATIVA QUE CREA LA SECRETARIA NACIONAL DE AMBIENTE, AGUA Y CAMBIO CLIMATICO.-

III

 

 

A la luz del texto legal que se ha analizado en la nota anterior, corresponde examinar algunas disposiciones significativas del Decreto Reglamentario 172/016, dictado con fecha  6 de Junio de 2016 y publicado en el Diario Oficial con fecha 20 de Junio de 2016, decreto que por otra parte, desde su mismo VISTO, expresa su vocación reglamentaria del art. 33 de la ley 19355 de 19 de Diciembre de 2015.

Ahora bien, para reglamentar este parco y escueto Artículo 33 de la Ley de Presupuesto Nacional, el PE, "…genera una nueva institucionalidad que responde a las definiciones programáticas respaldadas mayoritariamente por la ciudadanía, con el objetivo de transformarlas en una Política de Estado que responda a los desafíos actuales y futuros."[1]

Esa nueva institucionalidad ambiental, que corporiza el Sistema Nacional Ambiental[2] está compuesta, tal como se expresa en el CONSIDERANDO X de la fundamentación del Decreto 172/016: por "…el "Gabinete Nacional Ambiental", que tendrá por cometido, entre otros, proponer al Poder Ejecutivo una política ambiental integrada y equitativa del Estado para un desarrollo nacional sostenible y territorialmente equilibrado; asimismo, se reglamenta la "Secretaría Nacional de Ambiente, Agua y Cambio Climático", cuya finalidad es la de supervisar el cumplimiento de los acuerdos del Gabinete Ambiental Nacional, así como prestarle soporte técnico y operativo…". El mencionado Gabinete Nacional Ambiental[3], así como la Secretaría Nacional de Ambiente, Agua y Cambio Climático, de la cual se precisa textualmente que "…(e)ntre sus cometidos principales, está el de articular y coordinar con las instituciones y organizaciones que conforman el Sistema Nacional Ambiental la ejecución integrada de las políticas públicas relativas a ambiente, agua y cambio climático acordadas en el Gabinete Ambiental Nacional en lo nacional e internacional; se integran, entonces, en el Sistema Nacional Ambiental (SNA).

La Secretaria Nacional de Ambiente, Agua y Cambio Climático es especialmente reglamentada en el Capítulo III del Decreto, titulado precisamente "De la Secretaría Nacional de Ambiente, Agua y Cambio Climático", en tres artículos (6, 7 y 8).

El Artículo 6°, haciendo uso de aquella delegación legal a posteriores normas objetivas de Derecho, establece que además de los cometidos atribuidos por la norma legal que se reglamenta, "…tiene la finalidad de supervisar el cumplimiento de los acuerdos del Gabinete Nacional Ambiental, así como prestarle soporte técnico y operativo al mismo."

El Artículo 7° dispone, en su primer inciso, que: "La Secretaría Nacional de Ambiente, Agua y Cambio Climático tendrá como cometidos específicos:

a. Articular y coordinar con las instituciones y organizaciones que conforman el Sistema Nacional Ambiental la ejecución integrada de las políticas públicas relativas a ambiente, agua y cambio climático acordadas en el Gabinete Nacional Ambiental en lo nacional e internacional.

b. Hacer la gestión y seguimiento de la eficiente ejecución de los acuerdos alcanzados por el Gabinete Nacional Ambiental trabajando en acuerdo con los responsables de cada unidad involucrada de las instituciones partícipes del Gabinete Nacional Ambiental, e informar al mismo de su cumplimiento.

c. Dar apoyo técnico y soporte administrativo y logístico al Gabinete Nacional Ambiental.

d. Gestionar y asegurar la información necesaria sobre ambiente, agua y cambio climático que requiera el Gabinete Nacional Ambiental para sus deliberaciones y correcto funcionamiento…."

e. Preparar los programas de trabajo y las agendas de las reuniones del Gabinete Nacional Ambiental y ponerlos a su consideración.

f. Organizar y dar apoyo a las reuniones del Gabinete Nacional Ambiental, levantar las actas y mantener su memoria.

g. Articular el estudio, diseño y evaluación de instrumentos económicos para la protección del ambiente y el agua, así como la adaptación al cambio climático.

h. Promover la realización de Evaluaciones Ambientales Estratégicas; la realización de Evaluaciones Regionales Ambiental y Sectorial a nivel de territorios y cuencas hidrográficas."

La simple lectura de algunos de los literales de esta norma reglamentaria, plantean cuestiones claras de coordinación con otras normas no solamente de rango igualmente reglamentario, sino fundamentalmente de rango legal.

De aquí que resulte explicable el inciso tercero de dicho Artículo 7° cuando expresa: "…Los referidos cometidos son sin perjuicio de las competencias y potestades de los respectivos Ministerios y sus dependencias, así como el cumplimiento de las disposiciones que establece el relacionamiento de entes autónomos, servicios descentralizados u otros organismos."

Básicamente la norma de rango legal con mayor concernencia, respecto de estas regulaciones, no es otra que la Ley General de Protección del Ambiente, Ley N° 17.283 de 28 de Noviembre de 2000. No solamente porque  su texto contiene disposiciones claramente sistémicas (como p ej, los literales A)( este en los aspectos sustantivos normativos), K) y L)( estos para los aspectos institucionales del Sistema Nacional Ambiental)y que por tanto ofrecen un fundamento legal más apropiado que el texto frugal del art. 33 de la ley 19355, sino porque en el Artículo 8°, atribuye al Poder Ejecutivo pero a través del MVOTMA " la coordinación exclusiva de la gestión ambiental integrada del Estado y de las entidades públicas en general.".

El SNA, de base reglamentario del Decreto 172/016,  nace así en un contexto de difícil coexistencia con otras normas de mayor jerarquía claramente ordenadas hacia el concepto de coordinación interorgánica concentrada en el Ministerio del Ramo, que en la filosofía de pilotaje sistémico más integral del Decreto, aparece como un órgano más de la institucionalidad nueva.

El tiempo dirá como se engarzan estos organismos y que frutos de derivan para el Desarrollo Sostenible de su existencia.

 

 

 

 

 

 

 

 



[1] Al margen del tema específico atinente a la materia institucional ambiental, resulta interesante este razonamiento del PE, por el cual el Decreto Reglamentario se constituye en el medio por el cual "definiciones programáticas" de una parte de la ciudadanía, la parte mayoritaria, se transforman en una Política de Estado, generada por un Gabinete que, no obstante, está todo él integrado por miembros de un solo Partido Político –el ganador- de los que comparecieron a la última contienda electoral.

[2] El Sistema Nacional Ambiental (SNA) se crea por el Artículo 1 del Decreto Reglamentario "…con el cometido de fortalecer, articular y coordinar las políticas públicas nacionales en las temáticas de ambiente, agua y cambio climático, como impulso a un desarrollo ambientalmente sostenible que conserve los bienes y servicios que brindan los ecosistemas naturales, promueva la protección y el uso racional del agua y dé respuesta e incremente la resiliencia al cambio climático. El Artículo 2° dispone: "El Sistema Nacional Ambiental (SNA) estará integrado por los siguientes órganos: a. el Presidente de la República o quién éste designe, que lo presidirá; b. el Gabinete Nacional Ambiental; c. la Administración de Obras Sanitarias del Estado (OSE); d. el Instituto Uruguayo de Meteorología (INUMET); e. el Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático y variabilidad (SNRCC); f. la Secretaría Nacional de Ambiente, Agua y Cambio Climático de la Presidencia de la República (SNAACC)g. el Sistema Nacional de Emergencias (SINAE). El Sistema Nacional Ambiental, invitará al Congreso de Intendentes y podrá convocar a otros órganos para participar en el diseño e implementación de actividades específicas.
 

 

[3] Creado por el Artículo 4° del Decreto 172/016 e integrado por:"a. El Presidente de la República o quién él designe, que lo presidirá, b. El Secretario de la Secretaría Nacional de Ambiente, Agua y Cambio Climático, c. El Ministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, d. El Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, e. El Ministro de Industria, Energía y Minería, f. El Ministro de Defensa Nacional. g. El Ministro de Salud Pública. h. El Ministro de Economía y Finanzas. Cuando las circunstancias lo ameriten podrán integrarse al Gabinete Nacional Ambiental otros Ministros de Estado. Se podrá convocar a otras instituciones a participar en la preparación de políticas públicas específicas en estas materias, cuando sus competencias así lo justifiquen".

 

martes, 23 de agosto de 2016

Análisis jurídico de la normativa que crea la Secretaría nacional de ambiente, agua y cambio climático.

II

 

La confrontación del texto legal con el Decreto Reglamentario, provoca algunas reflexiones realmente interesantes.

Obsérvese, en primer término, la "frugalidad" del texto del artículo 33 de la ley 19.355 de 19 de Diciembre de 2015.

El mismo reza: "Créase en el Inciso 02 "Presidencia de la República", la unidad ejecutora 001 "Presidencia de la República y Unidades Dependientes", programa 481 "Política de Gobierno", la "Secretaría Nacional de Ambiente, Agua y Cambio Climático", la que tendrá como cometido específico, además de los que se le asignen por norma objetiva de derecho, el de articular y coordinar con las instituciones y organizaciones públicas y privadas, la ejecución de las políticas públicas relativas a la materia de medio ambiente, agua y cambio climático."

El artículo está ubicado en el Capítulo IV intitulado "Incisos de la Administración Central", en la normativa correspondiente al Inciso 02 "Presidencia de la República". En el mismo Capítulo e Inciso, se ubican otras normas de contenido similar, esto es, creadoras de otros órganos en la Presidencia de la República, como por ejemplo, el artículo 34, por el que se crea la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, u otras disposiciones relativas a otras unidades dependientes de la Presidencia de la República, como la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (artículo 35) o la Unidad Nacional de Seguridad Vial UNASEV (en el mismo artículo 35 y, especialmente, en los artículos 42 a 47).

Corresponde resaltar, eso sí, que si se compara el texto del artículo 33 con el artículo 34, se advierte que en el caso de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, la Ley de Presupuesto avanza en la identificación de cometidos específicos circunstancia que no se repite en el artículo 33, en cuanto, en este último, además denominar las materias de actuación del órgano, apenas se hace una referencia a poderes jurídicos de "articulación y coordinación con instituciones y organizaciones públicas y privadas" en la ejecución de las políticas públicas relativas a dicha materia.

Dice el legislador, en el artículo 33, citado que la Secretaría que por el mismo se crea, tiene una competencia abierta, ya que además de articular y coordinar con las instituciones y organizaciones públicas y privadas, la ejecución de las políticas públicas relativas a la materia de medio ambiente, agua y cambio climático, estas son adicionales a otras que en el futuro le serán (eventualmente) asignadas por norma objetiva de derecho.

Se desprende de lo anterior que el órgano nace con una vocación de ir incrementando su ámbito competencial, tanto en lo que a materia como a poderes  jurídicos se refiere, ya que desde el punto de vista del territorio, su competencia es obviamente nacional, es un órgano del Estado Central. Esta apertura y esta vocación expansiva, plantea desde el arranque, el incremento de los evidentes aspectos de fricción con la institucionalidad ambiental establecida en el Uruguay, de cara a la coordinación entre esta "Secretaría Nacional" y la Secretaría de Estado  Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente por un lado, y los Gobiernos Departamentales, por el otro.

Dice igualmente legislador que será, eventualmente, por "norma objetiva de derecho", que se asignará otros cometidos específicos a la Secretaría. Norma objetiva de derecho es, prácticamente, toda la que integre el derecho objetivo. Parecería que, en esta norma,  con esta expresión, se quiere excluir a las normas de origen contractual, lo que indicaría que la expresión tiene un sentido más restringido que la expresión de "regla de derecho" como causal de nulidad de los actos administrativos, prevista en los artículos 345 de la ley 13.318 de 28 de Diciembre de 1964 y en el literal a) del artículo 23 del Decreto Ley número 15,524. Y a esta conclusión llegamos porque mientras que en estas últimas leyes mencionadas, el legislador está, como sostiene el Dr. Durán Martínez, posibilitando la jurisdicción anulatoria respecto de todo acto administrativo dictado en violación de un contrato (Augusto Durán Martínez. Contencioso Administrativo. Fundación de Cultura Universitaria. Montevideo, 2007, página 288), en la ley 19.355, la expresión norma objetiva de derecho se emplea para determinar la competencia del órgano, lo que sería completamente inconstitucional, desde el punto de vista de la protección el goce de la seguridad jurídica, hacerlo por alguna vía contractual. En este caso, la teleología o finalidad de la normatividad, impone al intérprete  una necesaria restricción a la expresión norma objetiva de derecho.

Pero hay otro problema con la asignación de cometidos por norma objetiva de derecho, a la luz del principio de jerarquía y también de competencia.

Resulta evidente que, en base a esta referencia del legislador a la norma objetiva de derecho no puede atentarse contra el principio de jerarquía y ninguna atribución de competencia hecha por una vía distinta que la de la ley, podría tener efectos para alterar disposiciones que tuvieran esa fuente legal, si, se actuara, por ejemplo, en vía reglamentaria al momento de asignar competencias a la Secretaría creada por el artículo 33 de la ley 19.355.

Establece este último artículo, que la Secretaría tendrá los poderes jurídicos de articulación y coordinación con las instituciones y organizaciones públicas y privadas, para la ejecución de las políticas públicas en la materia asignada por la ley y por las otras que además de estas se le asignen.

De manera que, legalmente aparece excluida la Secretaría Nacional de Ambiente, Agua y Cambio Climático, de la formulación, supervisión y evaluación de las políticas públicas, restringiendo su participación, en el proceso de elaboración y aplicación de las mismas, a las etapas, mediante actos y hechos, de ejecución de dichas políticas.

Finalmente, en esta nota, digamos que la ley ha englobado lo relativo al medio ambiente, agua y cambio climático dentro de una materia. Es decir el legislador no habló de las materias correspondientes al medio ambiente, agua y cambio climático, sino a una materia comprensiva de esos tres componentes. Este desdoblamiento, o esta particularización plural, de dimensiones de la política pública que a nivel de Constitución y de leyes previas, están englobadas sin duda, en la materia ambiente o medio ambiente, también es seguramente un factor de fricción desde que se estaría estableciendo una línea de ejecución de políticas, a nivel de la Presidencia de la República, ya asignadas legalmente, también en la ejecución de las mismas, a la Secretaría de Estado del ramo.

Obsérvese, en este sentido, que la ley 16.112 de 30 de Mayo de 1990 dispone en el numeral 7 de su artículo 3° que al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente le corresponde lo concerniente a: " La formulación, ejecución, supervisión y evaluación de los planes nacionales de protección del medio ambiente y la instrumentación de la política nacional en la materia."

 

El principio de derogación, está obligando aquí a analizar si la ley 19.355 tuvo por efecto derogar lo concerniente a ejecución contenida en la atribución al Ministerio por ley 16.112.

La mención a las competencias de articulación y coordinación, a nuestro juicio están, indicando que no ha sido voluntad del legislador operar ninguna derogación de las competencias del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, sino la de generar, sólo a nivel de la ejecución de las políticas, un órgano que deberá coordinar y articular, en primer lugar, con el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, en lo que a ejecución refiere.

Obviamente que todo esto tiene validez con la norma objetiva de derecho que se ha expedido por el Poder Legislativo. Esa apertura y esa invitación a la ampliación competencial que está un poco presupuesta en el tenor literal de la norma la ley de presupuesto, pueden alterar esta conclusión, en el futuro, pero ello dependerá de la voluntad política así como el nivel normativo en el que el Estado actúe.

En la próxima nota profundizaremos en estos aspectos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

domingo, 24 de julio de 2016

ANALISIS JURÍDICO DE LA NORMATIVA QUE CREA LA SECRETARIA NACIONAL DE AMBIENTE, AGUA Y CAMBIO CLIMÁTICO.


I

El artículo 33 de la ley 19.355 del 19 de Diciembre de 2015, ley de Presupuesto General de la actual Administración, dispuso la creación, en el Inciso 02 "Presidencia de la República" (en la Unidad Ejecutora 001 "Presidencia de la República y Unidades Dependientes", Programa 481 "Política del Gobierno"), de la "Secretaría Nacional de Ambiente, Agua y Cambio Climático", disponiendo que la misma "…tendrá por cometido específico, además de los que se le asignen por norma objetiva de derecho, el de articular y coordinar con las instituciones y organizaciones públicas y privadas, la ejecución de las políticas públicas relativas a la materia de medio ambiente, agua y cambio climático."
Con fecha 20 de Junio de 2016 se publicó en el Diario Oficial el Decreto número 172/016 del 6 de Junio de 2016, por el cual se reglamenta precisamente el artículo 33 de la ley 19.355 antes mencionado.
En sus CONSIDERANDOS el Decreto aludido expresa: "I) que las características de la materia propia de la Secretaría creada, así como su misión fundamental, ameritan proceder a la reglamentación de su constitución, objetivo, competencias y funcionamiento; II) que es preocupación del Poder Ejecutivo atender los desafíos del desarrollo nacional desde la perspectiva de la sostenibilidad y para ello, entre otras líneas de acción, corresponde fortalecer la institucionalidad y las capacidades del Estado en materia de ambiente, agua y cambio climático, mediante la creación de un Sistema Ambiental Nacional y la promoción de políticas, programas y acciones transversales en la materia, promoviendo la más amplia participación de la sociedad en estos asuntos; III) que para ello, se genera una nueva institucionalidad que responde a las definiciones programáticas respaldadas mayoritariamente por la ciudadanía, con el objetivo de transformarlas en una política de Estado que responda a los desafíos actuales y futuros; IV) que debe actuarse ante los procesos que afectan las condiciones ambientales y sociales del país los que forman parte de procesos globales a los que Uruguay no es ajeno. En efecto, el crecimiento basado en la explotación de recursos naturales y la concentración de la propiedad de los mismos, tiene consecuencias para las generaciones presentes y futuras. Por lo expresado, se vuelve vital la presencia de la dimensión ambiental en todas las áreas así como la capacidad política para definir el tipo de desarrollo económico y social en el contexto de determinantes y condicionantes nacionales, regionales e internacionales. La transformación de los valores  y objetivos del modo de producir y consumir, exige cambios en nuestros comportamientos individuales y colectivos;  V) que la política en la materia se basa en un enfoque integral de los procesos de desarrollo. Los sistemas productivos y las iniciativas de inversión deben ser seleccionados, diseñados y adoptados para asegurar la protección de los elementos que componen nuestros sistemas naturales. Este abordaje nos permitirá sostener el aumento del bienestar en el largo plazo; VI) que los ámbitos y organismos que se crean, se proponen la determinación de acciones para un uso responsable de los bienes que provee la naturaleza; la planificación del uso del suelo y el agua; el manejo responsable de sustancias tanto en la industria como en el agro, la restauración de sitios degradados y la incorporación del enfoque ecosistémico de la salud humana;  VII) que en este sentido, resulta fundamental el fortalecimiento de la capacidad de regulación del Estado, la incorporación de parámetros adecuados para el ordenamiento territorial y la justicia ambiental con participación social; VIII) que la norma legal y la presente reglamentación, tienen como objetivo la jerarquización de la temática ambiental a nivel institucional de manera de integrar y transversalizar el conjunto de funciones y cometidos ambientales y territoriales hoy dispersos en varios incisos, potenciando la capacidad de gestión ambiental del territorio; IX) que merece especial atención la variabilidad y el cambio climático y por lo expresado, corresponde promover una política nacional sobre esta temática, así como nivelar a todos los sectores a ajustar sus acciones a normas de protección específicas; X) que el presente decreto crea el "Sistema Nacional Ambiental" con el cometido de fortalecer, articular y coordinar las políticas públicas en la materia, el que se integra por diversos organismos del Estado; también se crea el "Gabinete Nacional Ambiental", que tendrá por cometido entre otros, proponer al Poder Ejecutivo una política ambiental integrada y equitativa del Estado para un desarrollo nacional sostenible y territorialmente equilibrado; asimismo se reglamenta la "Secretaría Nacional de Ambiente, Agua y Cambio Climático", cuya finalidad es la de supervisar el cumplimiento de los acuerdos del Gabinete Ambiental Nacional, así como prestarle soporte técnico y operativo. Entre sus cometidos principales, está el de articular y coordinar con las instituciones y organizaciones que conforman el Sistema Nacional Ambiental la ejecución integrada de las políticas públicas relativas a ambiente, agua y cambio climático acordadas en el Gabinete Ambiental Nacional en lo nacional e internacional;"
Las referencias normativas del ATENTO son al propio artículo 33 de la ley 19.355 que se reglamenta y al numeral 4° del artículo 168 de la Constitución de la República que atribuye competencia al Presidente de la República, actuando en  Consejo de Ministros para ejecutar y hacer ejecutar las leyes "expidiendo los reglamentos especiales que sean necesarios para su ejecución."
El contenido dispositivo y normativo del Decreto reglamentario se articula en nueve artículos, la mayoría de ellos extensos en su redacción, organizados en tres capítulos:
Capítulo I, titulado "Del Sistema Nacional Ambiental", artículos uno a tres inclusive.
Capítulo II, titulado "Del Gabinete Nacional Ambiental", artículos 4 y 5.
Capítulo III, titulado "de la Secretaría Nacional de Ambiente, Agua y Cambio Climático."
El análisis y evaluación del texto legal que crea la Secretaría Nacional de Ambiente, Agua y Cambio Climático así como del texto del Decreto, tanto en lo que dice relación a los contenidos y alcances de este último con relación al primero, en cuanto texto reglamentado, así como el vínculo con otras normas de nuestro Derecho Ambiental, en sentido amplio, abarcativo incluso del Derecho del Ordenamiento Territorial y del Desarrollo Sostenible, resulta desafiante y complejo.
Por la primera vertiente de análisis, esto es, la que surge de confrontar el texto reglamentado con el texto reglamentario, esto es, la ley con el decreto, nos enfrentamos al problema de estudiar si el mandato del legislador, contenida en el artículo 33 de la ley 19.355, habilita al poder ejecutivo a adoptar normas con el contenido que exhiben los diferentes artículos del Decreto cuando son analizados en profundidad y detenidamente. Incluso, ese estudio, ofrece la oportunidad de profundizar en la evaluación de si el Decreto reglamentario es una de las "normas objetivas de derecho", aludida en el texto del artículo 33 de la ley 19.355, que permite ampliar, prácticamente ilimitadamente, las competencias de la Secretaría Nacional de Ambiente, Agua y Cambio Climático.
Por la segunda de las vertientes analíticas propuestas, y  considerando el valor y fuerza de los actos jurídicos implicados, la tarea obliga a confrontar los textos interpretados con el ordenamiento jurídico vigente lo que conducirá a determinar los impactos efectivos de estas normas, complementando normas e institutos vigentes o afectándolos y derogándolos, según el caso. En esta segunda perspectiva, se deberá focalizar el análisis en las regulaciones previas de neto corte sistémico, registradas en la historia de nuestro Derecho Ambiental en Uruguay, esto es, los antecedentes que crearon o regularon   sistemas en el campo ambiental y del desarrollo sostenible, así como el vínculo de compatibilidad o incompatibilidad, esto es, el análisis de conciliación establecido por el Código Civil, en su artículo 10, para determinar el cambio normativo y en especial el efecto derogatorio tácito, entre el texto de la norma legal y su decreto reglamentario y textos anteriores. Artículos como el séptimo y el octavo de la ley General de Protección Ambiental (ley 17.283 de 28 de Noviembre de 2000), la ley 17.234 que crea el Sistema Nacional de Áreas Protegidas y, también, los artículos 3°, 5°, 74 y 77 de la ley 18308 de ordenamiento territorial y desarrollo sostenible, y normas de la legislación de descentralización política y participación ciudadana, dentro de otras, deberán ser convocadas especialmente para esta faena hermenéutica a la que dedicaremos las próximas notas.